VOX ve un ‘golpe de Estado’ orquestado por derribar al Gobierno Vivas

El Grupo Parlamentario Vox, a excepción de la diputada Ana Belén Cifuentes que se encuentra en la península por asuntos propios, ha reunido a la prensa para comunicar los motivos por los que creen que sus diputados abandonaron su grupo parlamentario e informar de las denuncias y querellas que han presentado o van a presentar en los juzgados de esta ciudad, por los hechos ocurridos durante la sesión plenaria del 29 de enero.

Juan Sergio Redondo comienza manifestando que, dos de sus diputados habían abandonado el Grupo parlamentario para formar parte de la Asamblea como diputados no adscritos “adquiriendo desde ese momento la condición de tránsfugas”, dice Juan Sergio Redondo, presidente de la Gestora VOX Ceuta, añadiendo que esta “operación de transfuguismo”, está vinculada con la captura de pantalla de unos supuestos mensajes de WhatsApp que publico un medio digital de la ciudad “atribuidos por dicho medio sin citar fuente alguna y entendemos que de manera deliberada a miembros de nuestra formación política este argumento fue esgrimido por los ya tránsfugas José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez”, indica Redondo de lo cual dice y afirma que, “es obvio y está estrechamente vinculado con esta operación de transfuguismo (…) para justificar de manera ridícula y torticera su salida del grupo parlamentario en un chapucero intento de ocultar las verdaderas razones que habían motivado su abandono de negocio”.

El presidente de la Gestora, comenta que han dejado pasar tiempo, para que la verdad floreciera y empezó a hacerse evidente por la postura que “estos dos tránsfugas” adoptaron en el Pleno en las que se vio perfectamente cómo se posicionaban directamente con las directrices de voto “marcadas” por el Grupo Parlamentario Socialista.

Redondo, da a entender que los dos adscritos estaban al corriente de todas las comunicaciones internas de la gestora, al estar incluidos en los grupos de WhatsApp, creados ex profeso para la gestión y coordinación del partido, por lo que no pueden decir que no tenían conocimiento. Por lo que Redondo ve una operación orquestada y de que su supuesto desconocimiento significa que esas comunicaciones imputadas son relatos manipulados y falsos, creados para su exoneración personal y romper la paz social y la convivencia, creando el ambiente propicio para una operación de mayor calado, que es la verdadera razón por la que, “estos tránsfugas abandonan el grupo parlamentario, están estrechamente vinculadas a sus intereses y ambiciones personales”.

El presidente de la Gestora desgrana los dos casos, por los que le han llevado a José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez, a abandonar el grupo parlamentario.

En el caso José María Rodríguez, el presidente de la Gestora matiza que, “entra en confrontación con el grupo parlamentario justamente después de no ver satisfechas sus aspiraciones para concurrir en la lista electoral como candidato al Senado en las Elecciones Generales 10N, siendo ese el único motivo que le llevó a encabezar a un grupo de personas cuyo principal objetivo era desestabilizar, Vox en la ciudad de Ceuta”.

Los motivos de María del Carmen Vázquez, según Redondo, son “aún si cabe más intensos y surrealistas”, en las que personalmente la diputada de VOX –ahora adscrita- se interesó por la posibilidad de poder concurrir como diputada nacional, ofreciéndose de igual modo como candidata a la vicepresidencia de la Asamblea o llegando a proponer insistentemente a un familiar directo suyo como asesor del grupo, cuya negativa de la Gestora, intuyen que “fue un motivo más en su decisión de abandonar el grupo parlamentario”.

Redondo incide que, tras la proclamación de las candidaturas, la relación con estos dos diputados “tránsfugas” se fue deteriorando a consecuencia de su posicionamiento contrario a los criterios de funcionamiento establecidos por Vox.

Ahora Juan Sergio Redondo dice que, desde inicio de esa campaña electoral empezaron a tener conocimiento directo de sus reuniones con diversos grupos parlamentarios presentes en la Asamblea, lo que obligó a tomar ciertas precauciones a la hora de transmitir datos e informaciones sensibles para el funcionamiento del propio grupo, al objeto de evitar posibles filtraciones acerca de estrategias o posicionamientos políticos en la Asamblea. Constatándolo el pasado día 28 cuando pudieron ver todos, a través de los medios, cómo “quedaban directamente vinculados a las acciones parlamentarias del Partido Socialista y del Grupo Caballas”.

VOX Ceuta considera sumamente grave la actitud tomada por los dos diputados con el único fin de exonerarse de sus responsabilidades, sin pudor ni reparo, poniendo en riesgo la propia integridad física de sus antiguos compañeros y de sus familias, pero algo más grave aún, para la formación política es que “no les ha importado en absoluto poner en riesgo la paz social y la propia convivencia de todos los de todos los ceutíes, sin importar su afiliación o ideas política con el único objetivo de salir indemnes de su operación de transfuguismo”.

Redondo amplia que, “por otra parte y a través de diversas fuentes directas e indirecta de la que hemos tenido conocimiento, y cuyos contenidos se adjuntan a la denuncia, tenemos la certeza de que esta maniobra posee mayor calado que un simple ataque a Ceuta pudiendo estar ante un verdadero golpe de Estado en la ciudad, orquestado desde entornos políticos económicos y mediáticos, en un verdadero interés por derribar al Gobierno local, desestabilizando para ello a la tercera fuerza política la Asamblea de Ceuta y que ha garantizado la estabilidad presupuestaria de la Ciudad con la idea de imposibilitar la gobernabilidad romper la convivencia ocasionando el bloqueo y el colapso”.

En primer lugar, una denuncia por amenazas y atentado contra la autoridad presentada en el día de ayer contra el representante del Grupo Parlamentario Caballas y algunos individuos presentes como público la Asamblea durante el Pleno del pasado 29 de enero.

En segundo lugar, que en breve se presentará una querella por revelación de secretos y por vulneración de los derechos fundamentales, como es el derecho al secreto de las comunicaciones, al honor a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, solicitando de seis meses a dos años de pena de prisión e indemnización por responsabilidad civil derivada de los daños a la imagen y el honor de los perjudicados de entre 30.000 a 50.000 euros. Esta querella se presentará contra todas aquellas personas físicas y jurídicas que indirecta o directamente estén implicadas en la comisión de estos graves delitos, así como por todas aquellas que hayan sido cooperadoras necesarias para el desarrollo de los mismos.

Por último, advierte Juan Sergio Redondo, que dado a que todos estos procesos están o estarán en breve en fase judicial y al objeto de no interferir en la acción de la justicia y no seguir confundiendo, “como algunos pretenden a la opinión pública”, no van a hacer valoraciones de las actuaciones de otros grupos políticos, ni tampoco de momento vamos a contestar a preguntas sobre estas cuestiones.