El Partido Socialista denuncia la política de desigualdad de criterios y la presunta represalia que el Gobierno de Vivas mantiene con un grupo de educadoras de los centros de menores dependientes de la Ciudad.

El secretario general de los socialistas, Manuel Hernández, ha mantenido el martes día 17, una reunión con una representación del grupo de 16 personas que después de llevar trabajando como mínimo diez años, algunas más tiempo, en la actualidad se han quedado sin trabajo debido a la política de personal del Ejecutivo Local.

La historia se remonta al año 2009, año en el que la Ciudad abre una bolsa de educadores a través del Área de Menores. Las personas que fueron incluidas en la misma tuvieron que hacer un curso específico de menores, consistente en un mes de formación y en otro de práctica. La formación concluyó con un examen y la elaboración de una memoria. Tras procederse por parte de la Administración a baremar fueron 30 las personas que resultaron elegidas.

Tras la firma de los correspondientes contratos, los trabajadores citados, de los que hoy quedan 16, han venido desarrollando su trabajo durante diez años, aunque con renovación de contratos cada seis meses.

Bajo el argumento de “circunstancias de la producción, los trabajadores venían cubriendo las bajas, vacaciones y moscosos de puestos estructurales.

Con el paso del tiempo, dos trabajadores, al que posteriormente se unió un tercero, denunciaron ante la Autoridad Judicial sus situaciones por conclusión de contrato. En julio y al obtener una sentencia condenatoria que obligaba a la Ciudad a hacerlos fijos de plantilla o indemnizarlo, los responsables de Personal se decidieron por la primera de las opciones citadas, haciéndolos fijos en sus puestos de trabajo. Pero esta denuncia tuvo sus consecuencias, ya que la Ciudad decidió ipso facto paralizar la bolsa y no contratar más.

El criterio fue distinto para 3 monitores que también acudieron a la justicia y que ésta también dictó sentencia en el sentido de hacerlos fijos o indemnizarlos En este caso, como se cita, fue distinto, la Ciudad decidió indemnizarlos.

Ahora, según ha explicado las representantes del grupo de 16 educadoras, la Ciudad ha abierto una nueva bolsa, dejándolas fuera después de contar con la formación y la experiencia de diez años en sus puestos de trabajo.

Estas personas se quejan del trato recibido y solo piden que se les reconozca el trabajo realizado. En la actualidad están a la espera de sentencia tras haber presentado demandas por contrato en fraude de ley.

Este grupo de trabajadoras han intentado alcanzar una solución a través del diálogo, algo que, según han explicado a Hernández, no ha sido posible.

Así explican que antes de las elecciones de mayo hablaron con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el cual les comunicó, según sus testimonios, que estuvieran calladas, que había presupuesto y que, por tanto, no habría problema.

En el mes de junio y al comprobar que lo que se les había comunicado no se convertía en realidad, las trabajadoras volvieron a solicitar una audiencia con el presidente, aunque hasta el día de hoy no les ha sido concedida.

Es evidente que el hecho de que se produjeran las primeras denuncias ha servido de argumento a Vivas, “para represaliar a este grupo de trabajadoras, a las que la propia Administración formó, a las que tuvo que trabajando durante diez años, con renovación de contratos cada seis meses, y de las que ahora no quiere saber nada”, asegura el secretario general de los socialistas ceutíes, que agrega “que cada vez más se comprueba que el presidente de la Ciudad promete una cosa y luego hace la contraria, como ha sucedido con la promesa de no pactar con el partido de ultraderecha Vox”.