Al PP le extraña que Delegación excluya a la Administración local de la Mesa de Dialogo

Los populares se han sorprendido de la no asistencia de los representantes sindicales de CCOO y UGT, a las convocatorias de las reuniones del grupo de trabajo que estudia medidas para la reconstrucción de Ceuta, tras las crisis provocadas por el coronavirus y el bloqueo comercial por parte del reino de Marruecos. Desde el Partido Popular, no quieren pensar, que estos sindicatos anteponen sus propios intereses y pretendan bloquear la gestión y el trabajo del Gobierno Vivas.

Desde el Partido Popular secundan la postura de su portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Rontomé, que ha manifestado que no existe ningún rechazo por parte del Gobierno a la presencia de los sindicatos en este grupo de trabajo sino más bien todo lo contrario ya que se quiere fomentar la unidad y el consenso en el desarrollo de las medidas y de las acciones a debatir. Es más, -añade el PP- la documentación aportada por UGT y CCOO al plan de las 140 medidas del Gobierno Vivas, están incorporadas al grupo de trabajo.

Según los populares, el Plan presentado en febrero de este año pretende ser una herramienta para el cambio de modelo económico de nuestra ciudad. Un Plan que se presenta como punto de partida para el debate y el consenso y que por lo tanto es un documento abierto en el que tienen cabida las aportaciones y modificaciones que los actores políticos, sociales y económicos de nuestra ciudad consideren necesarios.

No obstante, lo que desde el Partido Popular de Ceuta quieren señalar es la extrañeza que produce que la Ciudad invite a todos los actores necesarios, incluida la Delegación del Gobierno y que esta, de forma paralela, convoque una Mesa de Diálogo de la que está excluida la Administración local.  Y más extraño –continúan- aún resulta su pretensión expuesta el pasado lunes, de que, a pesar de la necesidad urgente de soluciones, se paralizasen los trabajos sobre el Plan hasta que no se incorporasen los sindicatos, añadiendo además un elemento de intromisión de la Administración del Estado en el ámbito de la representación política de la Ciudad, al condicionar el avance de las reuniones a la participación de los dos diputados no adscritos en el grupo de trabajo.