El MDyC pide el cese del presidente de la empresa del agua, el PSOE que lo controlen
El Gobierno vuelve a incurrir en la ilegalidad en la convocatoria del Consejo de Administración de ACEMSA.
El Movimiento de la señora Hamed (MDyC) promoverá el cese del presidente de ACEMSA por su deslealtad hacia el Consejo de Administración que “dice presidir”. Según la formación en vez de cumplir las instrucciones emanadas del mismo, ha decidido convocar un pleno extraordinario para aprovechar la ausencia de uno de sus miembros y obtener un cambio en la decisión.
En el último Consejo de la sociedad, se decidió realizar una serie de informes sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gerente actual, como la decisión a adoptar para elegir el procedimiento de nombramiento del director Técnico de ACEMSA, debiéndose presentar en el siguiente Consejo.
En su lugar, incumpliendo los acuerdos, el presidente del Consejo convoca una reunión extraordinaria para cesar -sin dar explicación- al actual Gerente, con una indemnización cercana a los 20.000 euros, y así colocar como nuevo gerente a quien iba a nombrar director técnico.
Todo llega en un momento en que un miembro del Consejo no puede asistir al mismo, con lo que el balance de votos se vuelca a su favor, dado que el voto ponderado beneficiaria al Ejecutivo, que “es quien tiene a sueldo a sus miembros e impide tener más de un representante en el Consejo de Administración”, apunta la formación.
Esta forma de actuar para los de Fatima Hamed, revela una deslealtad hacia el conjunto del Consejo que lo nombró y que le ordenó una serie de actuaciones que no ha llevado a cabo. Por ello el MDyC ha propuesto al resto de grupos no asistir al pleno, impidiendo su celebración por falta de quórum, llevando al próximo Consejo de Administración el cese inmediato del Presidente.
El PSOE y Coalición Caballas, pretenden una fiscalización y control sobre el presidente del Consejo, sin llegar a obstaculizar sus funciones.
El partido socialista ha mostrado su negativa de que el presidente del Consejo asuma facultades plenas. Este punto se ha votado en la sesión ordinaria del Consejo el pasado 23 de agosto con el voto negativo de toda la oposición.
El PSOE y Coalición Caballas, pretenden una fiscalización y control sobre el presidente del Consejo, sin llegar a obstaculizar sus funciones. “No se le puede dar un cheque en blanco al presidente”, ha fiscalizado el representante socialista, José María Mas.
Los socialistas requieren que se detallen las competencias que asume el presidente, manifestando que las grandes actuaciones siempre deben ser competencia del Consejo. “Hemos expuesto que se debe huir de la asignación de contratos menores”, ha señalado Mas.
Mesa de Contratación Permanente
Los grupos de la oposición, han emitido también su voto negativo a la formación de una Mesa de Contratación Permanente, ya que entienden que cada actuación requiere de una composición diferente.
Además, los socialistas propusieron que la Mesa del Consejo esté integrada al menos, por un técnico (arquitecto o aparejador), entendiendo que se trata de una empresa cuyo objeto social es la vivienda.
El Gobierno vuelve a incurrir en la ilegalidad en la convocatoria del Consejo de Administración de ACEMSA
La sesión extraordinaria del Consejo de Administración de ACEMSA, prevista para la mañana de este miércoles 28, se convocó violando el Reglamento, que dictamina un plazo de tres días de antelación (24 horas), y a sabiendas de que al representante socialista le iba a ser imposible asistir.
Dicha sesión había quedado fijada en el último Consejo, para el primer viernes de septiembre, pero el Gobierno decidió marcar una urgencia disfrazada por su conocimiento de que “al representante socialista le iba a ser imposible asistir y, así, contar con mayoría para hacer nuevamente uso del dedazo”, afirma el PSOE.
La sesión, además, pretendía celebrarse incumpliendo el mandato del anterior Consejo en el que se solicitó un informe a la Secretaría General -el cual aún no se ha remitido a los miembros- para que determinase las actuaciones que ha llevado a cabo el actual gerente y así conocer la naturaleza de su cese, es decir, si es disciplinario o desestimatorio, lo que implicaría en este último caso que el erario público lo indemnizase con 22.000 euros.