Según manifiesta el secretario general de los socialistas ceutíes, la petición del Ministerio Fiscal de 6 millones de euros a la Ciudad en el conocido Caso Emvicesa, viene a poner de manifiesto para Hernández, la “desastrosa” política de control que el Gobierno Vivas y el PP, ha llevado a cabo en las empresas municipales durante años.

Hernández, precisa que, la ocurrencia del Ejecutivo es la de recurrir el auto de apertura oral de juicio, decisión que, “no es novedosa cuando se enfrenta a resoluciones judiciales”.

El socialista dice que, el Ejecutivo no se culpa pues aludiendo que fue el que llevó el asunto a los tribunales, pero Hernández precisa que:

“No habla nada de que, si se hubiera implantado el compliance, como el PSOE ha solicitado, «estas cosas no pasarían (…) Le recuerdo que en 2010 ya se introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica por los hechos de los administradores sociales. En 2015 se modifica y se introduce el compliance como eximente”

En este sentido, Hernández también recuerda al Gobierno que en el pleno del pasado mes de julio presentó una propuesta en la que solicitaba la implementación de programas de cumplimiento normativo en cada una de las sociedades de capital público del Ayuntamiento.

Es por todo ello que el PSOE exige a Vivas y al Gobierno del PP que cumpla con lo que se aprueba en las sesiones plenarias y que ponga en marcha el compliance en todos los organismos y empresas municipales.

¿Qué es el compliance?

El compliance o cumplimiento normativo es la necesidad de una empresa de establecer procedimientos adecuados para garantizar que tanto directivos, empleados y demás agentes relacionados cumplan con la normativa actual. Para ello es necesario identificar y clasificar los riesgos legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción. Cuando hablamos de marco normativo no solamente nos referimos a leyes sino también a políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal pero no ética, se explicaba en la propuesta presentada por los socialistas.