La ministra Calviño cuestiona la anunciada “histórica” bajada fiscal que promete Ayuso
Este martes, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desgranó su programa de gobierno pactado con Ciudadanos y con Vox en el que destacó el anuncio de una “histórica” bajada de impuestos para los madrileños. Esta rebaja fiscal se estima que se supondrá 300 millones de euros menos para las arcas públicas madrileñas.
Este miércoles, la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha puesto en duda que el futuro gobierno madrileño pueda realizar esta reducción de impuestos. En unas declaraciones en RNE, la titular de economía ha afirmado que para cuadrar los gastos con los ingresos hay tres opciones: recortar gastos, emitir deuda y mejorar la eficiencia de la gestión pública.
Sobre el recorte de gastos, la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que es difícil hacerlo cuando la administración regional tiene como responsabilidad fundamental la educación y la sanidad. Sobre la posibilidad de emitir deuda, Calviño ha dicho que sería una irresponsabilidad. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid arrastra una deuda de más de 30.000 millones de euros. Y sobre la mejora de la eficiencia en la gestión pública, ha recordado que el PP lleva gobernando en Madrid 24 años y no solo no ha mejorado la gestión, sino que tiene que contestar por numerosos casos de corrupción. “Me cuenta mucho entender cómo va a mejorar la gestión y cuadrar las cuentas”, ha concluido la ministra.
Pero no solo la ministra es la única que pone en duda que el nuevo Ejecutivo regional pueda acometer la rebaja fiscal anunciada. La Autoridad Fiscal Independiente alertó en su último informe sobre la Comunidad de Madrid que la región tiene bastantes posibilidades de incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria para el 2019. En dicho informe, se pide incluso al Ministerio de Hacienda que se activen los mecanismos de control sobre la Comunidad de Madrid.
Las medidas expuestas ayer por la candidata que suponen menos dinero para la administración y se puede sumar a las complicaciones que se pueden derivar de la ausencia de un gobierno central que podría provocar que no se puedan recibir cerca de 5.000 millones de euros en concepto de las entregas a cuenta según el sistema de financiación autonómica.