Hoy el Consejo de Ministros aprobará la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que contará con un presupuesto de 3.000 millones de euros y llegará a beneficiar a 850.000 hogares.

Desde Plena inclusión, al tiempo que se aplaude la iniciativa, se subraya que la mayoría de las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral) no van a ser beneficiarias de este mecanismo público de protección social.

“El Gobierno establece la puerta de entrada a la recepción del IMV en la categoría de ‘unidad de convivencia’. Este sistema impediría que las personas con discapacidad intelectual alcancen una vida independiente al no ser ellas sino su familia la beneficiaría”, denuncia Enrique Galván, director de Plena inclusión España. Desde la confederación se reivindica que el IMV esté basado en criterios de equidad de modo que tenga en cuenta el sobreesfuerzo económico que afrontan las familias para garantizar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad.

Esta confederación, que agrupa a 935 asociaciones y trabaja por los derechos y la dignidad de 140.000 personas con discapacidad de todo el Estado, reclama al Gobierno sensibilidad respecto a la situación de precariedad invisible de miles de familias. Además, solicitan que el Ingreso Mínimo Vital no suponga un obstáculo para el empleo de las personas con discapacidad. Plena inclusión propone que se amplíe el periodo de compatibilidad de la ayuda y el acceso a un puesto de trabajo. Este aspecto resulta fundamental dado que el colectivo de las personas con discapacidad es el que aglutina la tasa de inactividad más baja (31%) y el mayor porcentaje de desempleo (37’5%) de toda la población española en edad de trabajar.

Desde Plena inclusión se ha mostrado en todo momento una actitud constructiva con el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, durante el mes de mayo, representantes del movimiento asociativo se han reunido con la secretaria general de Políticas de Inclusión, Milagros Paniagua; y con responsables del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con el fin de acercarles alternativas que tengan en cuenta la realidad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.