En estos días, el Congreso de los Diputados aborda los últimos pasos de tramitación parlamentaria del anteproyecto de la LOMLOE, la ley orgánica que modifica la Ley de Educación de 2006. Dada la importancia que esta norma tiene, también para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), Plena inclusión defiende la necesidad de una extensión real, en toda la red de centros escolares, de la educación inclusiva. Hoy en día, el 80% de los niños y niñas con discapacidad escolarizados estudian en colegios ordinarios.

Para progresar hacia el objetivo de la generalización del derecho a la educación inclusiva en todos los centros, insiste Plena inclusión, hay que garantizar que la nueva Ley de Educación vaya acompañada de los medios y apoyos necesarios. De este modo, España podrá convertirse en uno de los países en el que todos los niños o niñas en edad escolar accedan sin restricciones a este derecho fundamental. El Gobierno, al desarrollar y extender la educación inclusiva, estaría cumpliendo con el compromiso asumido en 2008 cuando firmó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en 2008. Plena inclusión en reiteradas ocasiones ha denunciado los déficits de equidad del sistema educativo español que deben ser revertidos en el conjunto de las comunidades autónomas.

El movimiento asociativo que trabaja por la dignidad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral gracias a la labor de 935 entidades repartidas en todo el Estado, lleva años defendiendo que “la educación o es inclusiva o no es educación”. Las administraciones públicas competentes deben asegurar que el alumnado con discapacidad comparte clase con alumnado sin discapacidad, siempre y cuando cuente con los apoyos necesarios.

Si la nueva Ley de Educación no va acompañada de los recursos imprescindibles (económicos, formativos y de apoyos en los centros) se convertirá en papel mojado. Por ello, Plena inclusión insiste en demandar al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas que doten con partidas presupuestarias ajustadas a la realidad y a las necesidades esta nueva fase de implantación de la educación inclusiva.

La crisis generada como consecuencia del cuarentena y el cierre de las aulas por la COVID-19, ha dejado al descubierto los obstáculos con los que se enfrenta el alumnado con discapacidad. La falta de apoyos suficientes vuelve a dejar a estos niños y niñas atrás, mucho más en los casos en los que la brecha digital es más patente.

Con la educación inclusiva toda la sociedad gana, ya que tanto el alumnado con discapacidad como el que no la tiene pueden desarrollar un aprendizaje compartido en un espacio diverso, plural y no segregado.

También hay que destacar cómo estás medidas generan mayores oportunidades para alcanzar una vida independiente para el alumnado con discapacidad.

Hay que recordar que el derecho a una educación inclusiva está recogido también el objetivo nº4 de Desarrollo Sostenible: “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.