El Congreso prohíbe la esterilización forzada de las personas con discapacidad

“Con la prohibición de la esterilización forzada de personas incapacitadas judicialmente, España da un paso histórico en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las personas con Discapacidad”, ha asegurado esta tarde Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena inclusión y activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy, con la aprobación de una iniciativa de ley en el Pleno de la Cámara baja, se ha allanado el camino para la abolición del supuesto del Código Penal español que autoriza las esterilizaciones, muchas en contra de su voluntad, de personas incapacitadas judicialmente (en su mayoría mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo).

De acuerdo con datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en la última década en nuestro país se han practicado más de un millar de esterilizaciones forzadas a personas incapacitadas judicialmente, en su gran mayoría mujeres. La ley española autoriza hasta la fecha que esta decisión la pueda tomar el tutor o tutora en el supuesto de personas con la capacidad modificada, con el refrendo de un juzgado, y que se haga sin el consentimiento de la persona a la que se le priva de su capacidad para tener hijos.

CONQUISTA SOCIAL

La mayor confederación española que trabaja defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) califica de conquista social y democrática del movimiento de las personas con discapacidad con el CERMI Mujeres a la cabeza, esta decisión del Parlamento. Cubierto este paso, ya solo queda su aprobación por el Senado que se espera para los primeros días de diciembre próximo.

En opinión de Paredero, quien fue víctima de joven de una esterilización no elegida, "por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos a las puertas de un derecho tan importante que durante años nos han negado y que es el derecho a la libertad de reproducción. Me llena de felicidad formar parte de este cambio histórico en nombre de todas las mujeres que han sido víctimas de esta lacra social. Ya es hora de que se haga justicia y esto es gracias a un trabajo colectivo".

Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, demanda a los poderes públicos que garanticen que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo van a contar con los apoyos necesarios para poder ejercer su maternidad o paternidad tal y como desean”.

Una delegación del movimiento CERMI, que contaba con dos representantes de Plena inclusión España, ha seguido el debate y aprobación de la iniciativa en el Congreso y después se ha reunido con los portavoces de la Comisión parlamentaria de Justicia y Discapacidad.